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Estado de derecho, Estado ideal

Estado de derechoAunque tarde, muy tarde, el Gobierno de España se ha propuesto restablecer un Estado de derecho que hace tiempo se había transmutado en compra de voluntades.

Apurando los últimas fechas de esta legislatura –lo único reprochable–, el Gobierno deja al Tribunal Constitucional la responsabilidad de parar los pies a Artur Mas en su loca carrera “hacia la nada” –si al caos no le damos valor–, algo que debió de hacer al principio de su legislatura y que casi todos esperábamos, o al menos quienes creemos que la Unidad Nacional es el Estado ideal.

Porque quienes creemos que debe existir una forma de organización política y un conjunto de normas que rijan el funcionamiento de la sociedad, somos quienes echábamos en falta el Estado de derecho establecido y vilipendiado por intereses independentistas.

El Estado de derecho olvidado por Mas

Artur Mas ha demostrado con sus últimas declaraciones que después de tanto tiempo campando a sus anchas, se ha olvidado de las limitaciones del  cargo que ostenta y la  subordinación del Estatuto Autonómico por el que se rige a la Constitución Española, ya que “el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica que constituye y crea cada Comunidad Autónoma, constituyendo la norma de engarce entre el ordenamiento jurídico del Estado –sistema– y cada ordenamiento autonómico –subsistema”.

El Estatuto es una ley estatal –ley orgánica– que se aprueba y  se reforma como ley orgánica y por tanto, el Estatuto no es una ley autonómica por la sencilla razón de que jurídicamente “la Comunidad Autónoma solo surge como tal a partir de la aprobación del Estatuto”. O lo que es lo mismo: “La comunidad Autónoma es el efecto del Estatuto, no la causa”.

El Estatuto, como cualquier norma está jerárquicamente subordinado a la Constitución por lo  que, cualquier precepto,  es susceptible de ser anulado en caso de ser contrario a la Constitución debiendo ser además, interpretadas de modo conforme a la Constitución.

Quizás a Artur Mas y a quienes sueñan con hacer de Cataluña “una hacienda propia libre de controles”, les ha confundido una de las particularidades del procedimiento legislativo en los Estatutos de Autonomía y es que, “las leyes autonómicas están equiparadas en rango a las estatales aunque, entre otras particularidades, el acto de promulgación de la ley no es ejercido por el Rey sino por el Presidente de la Comunidad Autónoma  “en nombre del Rey”, lo cual tan solo es una atribución no un relevo en el cargo, algo que algunos parecen olvidar “ porque  se les sube el pavo”.

Por tanto sobran las explicaciones y desde hace mucho tiempo los paños calientes. Las normas son de obligado cumplimiento para todos y eso incluye a Artur Mas y a todos quienes van con él en la nave independentista. Se acabó –eso espero–, la cuerda y la compra de voluntades que tanto dinero ha costado a la sociedad en general –incluida la catalana–, vistos los bolsillos donde han ido a parar. Al menos, quienes tengan sueños de grandeza y quieran ver sus nombres en las páginas de la Historia, que los paguen de su bolsillo y no con el esfuerzo de los demás ni tergiversando la verdad ¡Por cierto! : Miguel de Cervantes Saavedra, nació en Alcalá de Henares (España), en el año 1547.

Y para refresco de memoria de algunos que se hacen los despistados: “La Constitución es una norma y sus preceptos son de obligado cumplimiento, y su incumplimiento es una infracción porque constituye conducta  antijurídica”.

Ha llegado el momento de poner fin a esta fiebre de algunos, apartarlos de los cargos de responsabilidad, hacer valer el Estado de derecho  y usar la democracia representativa existente en España para elegir a personas capaces de mirar el horizonte en lugar de mirar el fondo de sus bolsillos y de su ego.